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DEBATES DE CONTROL POLÍTICO ADELANTADOS POR LA REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ GLORIA STELLA DÍAZ ORTÍZ |
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Escrito por Carlos Alberto Beltrán
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Sábado, 23 de Enero de 2010 09:34 |
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Sistema integrado de transporte PÚblico en Bogotá: Denuncias sobre como el negocio del transporte publico integrado en Bogotá esta concebido para favorecer a inversionistas de mucho poder económico, siendo excluidos del negocio los pequeños propietarios de buses, busetas, busetones y microbuses. Así mismo se hicieron denuncias de como el 50 % de conductores de transporte público en Bogotá serían excluidos de la actividad.
Desplazados: Denuncias sobre irregularidades en la atención por parte del Gobierno Nacional a desplazados y víctimas de la violencia que suman actualmente más de 4 millones de personas.
Pirámides: Llamado de atención al Gobierno Nacional por las irregularidades en la devolución de dinero a los afectados por las pirámides.
Planes especiales de protección: Amonestación al Gobierno por el descuido de los bienes de interés cultural de la Nación. Se debe atraer inversión privada y proteger todos los predios de interés cultural, haciéndolos lugares turísticos rentables y auto sostenibles.
Seguridad alimentaria en Colombia. Se denuncia que el país tiene un déficit de 440 mil toneladas en la distribución de alimentos y está a menos de tres puntos de una situación "grave de hambre". Por ello se requiere aportar recursos para que el costo final que debe asumir el consumidor sea menor y que se privilegie la producción de alimentos sobre la de los biocombustibles y crezca el apoyo a la investigación sobre fuentes sustitutas de energía.
Deshumanizacíon en la atención al usuario de los servicios de salud. Denuncias sobre la deficiente atención y calidad que brindan las EPS, dedicadas más a hacer grandes inversiones que a cumplir su labor como aseguradores.
Protección institucional a los menores de edad víctimas de delitos de abuso sexual. En Colombia, los niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas del delito sexual. Además, el manejo que las autoridades dan a la denuncia convierten al procedimiento en el principal desestímulo para la denuncia del delito. MIRA ha impulsado 2 proyectos de ley por medio de los cuales pretende garantizar la protección de los niños, aumentando las penas, y mejorando la atención al menor abusado sexualmente.
Privatización de la propiedad accionaria de Ecopetrol. La gran conclusión es que la venta de porcentajes de las acciones de Ecopetrol no servirá para mejorar el bienestar de los colombianos y tampoco para fortalecer la inversión social que demanda el país.
Políticas y logros en materia de educación y salud sexual y reproductiva en adolescentes. La carencia en el país de políticas oficiales sobre educación y salud sexual ha llevado a que un gran sector de la población joven corra el riesgo del contagio de ETS, de muerte por aborto y ser víctima de la pobreza, falta de educación, y carencia de oportunidades laborales. El Gobierno Distrital debe iniciar acciones orientadas a mitigar estos problemas.
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Pronunciamiento de Prisión Perpetua, ante Plenaria |
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Escrito por Carlos Alberto Beltrán
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Sábado, 23 de Enero de 2010 09:21 |
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La creciente tendencia de abusos sexuales cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, ha despertado en el sentir de nuestra ciudadanía, un rechazo social de grandes proporciones que ha motivado a presentar ante este escenario de nuestra Democracia, una iniciativa mediante la cual se busca convocar al pueblo de Colombia a un referendo con el propósito de instaurar en nuestra legislación, la pena de hasta prisión perpetua a todas las conductas que constituyan delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y en menores con discapacidad física y/o mental.
Al igual que todos los sectores sociales y políticos del país, desde el Miraismo consideramos que es importante avanzar en mecanismos que permitan blindar a nuestros niños y niñas de este tipo de conductas lesivas de sus derechos y garantías…. conductas que lejos de disminuir, han aumentado en gran proporción, causando desolación en cientos de hogares colombianos, potencializando a Colombia en la esfera internacional, como un país que se encuentra lejos de brindarle a los niños, niñas y adolescentes una protección real y efectiva, no obstante a que sus derechos son declarados constitucionalmente como de interés superior y prevalentes, frente a los de los demás y se encuentran así reconocidos en el artículo 44 de nuestra Carta Política.
La situación indiscutiblemente ya está tomando matices que pasan de castaño a oscuro, y sino veamos como en reciente informe, la Veeduría Distrital, reporta cifras en materia de abuso sexual cometido en contra de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Bogotá para el año 2008. Las cifras registran que para el año inmediatamente anterior, solamente en la Ciudad de Bogotá fueron registrados cerca de 3500 casos de abuso sexual contra menores de edad, lo que podría indicarnos que cada día hubo un promedio de nueve menores víctimas de este delito.
El alarmante informe también nos señala que:
Las más afectadas son las niñas, con un reporte de 2.800 casos: de este total, 782 tenían entre 5 y 9 años.
De igual manera revela el informe que los niños también padecen este tipo de abuso, pues de 590 afectados 235 tenían esa edad. El segundo grupo de víctimas tenía entre 10 y 14 años.
Estas cifras, como ya lo habíamos dicho, nos ratifican que el problema del abuso sexual de niños y niñas en Colombia ha tomado dimensiones insospechadas a tal punto que simultáneo a la posible implementación de una medida como la prisión perpetua si así lo eligen nuestros compatriotas, consideramos que es necesario replantear la política criminal y todas aquellas políticas que resulten conexas para la prevención de estas conductas, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por Colombia en relación con el respeto de los Derechos Humanos ya que el abuso sexual, en especial en los casos de niños y niñas, lesiona y atenta gravemente contra su integridad física, moral y psicológica.
Frente a las constantes denuncias de abuso sexual infantil y adolescente, la pregunta que ha surgido desde distintos sectores del país, es: ¿QUÉ SANCIONES SERÍAN LAS MÁS APROPIADAS PARA IMPONERLES A LOS ABUSADORES SEXUALES DE NIÑOS Y NIÑAS?, … pregunta que ha generado distintas posturas, que van desde la necesidad de incrementar la pena de prisión a los abusadores, hasta el diseño de políticas públicas focalizadas en la atención y protección de la víctima, así como en la resocialización del victimario.
Esta pregunta hoy parece tener una respuesta, que nace desde las mismas entrañas de nuestra Democracia, a través del ejercicio soberano del pueblo de la deliberación, con la que busca concertar como solución a este flagelo la implementación de la prisión perpetua a violadores. Esta herramienta sin dudas constituye uno de los cambios más trascendentales de la historia de la legislación colombiana en los últimos 3 siglos (desde el siglo XVIII), tal y como lo afirmara el otrora Procurador General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON.
Consideramos que los avances logrados por nuestra legislación frente al tratamiento de los abusadores, se tenían entre otros con la expedición de la ley 1236 de 2008 de autoría del Movimiento MIRA, en la que se incrementaban las penas a los abusadores. Con ocasión a la promoción de este referendo, se evidencia que esta norma jurídica, es decir la ley 1236 de 2008, debe complementarse ante los nuevos reportes del incremento de estos delitos, circunstancia que nos lleva a acompañar esta propuesta, para que sea el pueblo quien vía referendo, exprese de manera contundente la necesidad o no de incorporar la prisión perpetua a nuestra legislación constitucional y por ende penal.
Finalmente, estimamos pese a las críticas que los contradictores plantean a la medida… como perfectamente comprensible que nuestra sociedad quiera y persiga de manera más efectiva un mayor castigo… una mayor sanción a los autores de estas conductas, buscando con ella protegerse y cuidar a la niñez y adolescencia de nuestro país.
Sin embargo, desde el Miraísmo destacamos como un hecho importante, en caso de prosperar el referendo, el papel que deberá asumir el legislador al momento de reglamentar y dosificar la aplicación de la pena de hasta prisión perpetua, tipificando las conductas punibles a los que se les aplicaría, y a través de la misma, incentivar la denuncia.
Muchas gracias,
GLORIA STELLA DIAZ ORTIZ
REPRESENTANTE A LA CAMARA
VOCERA MOVIMIENTO MIRA
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PRONUNCIAMIENTO DOSIS MÍNIMA DE LA REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ GLORIA STELLA DÍAZ ANTE LA PLENARIA |
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Escrito por Carlos Alberto Beltrán
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Sábado, 23 de Enero de 2010 09:07 |
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Nuestro acompañamiento a este proyecto queremos hacerlo precisando las siguientes consideraciones:
1. Ponderación entre Libertad e Intervención Estatal
Las medidas para refrenar la conducta nociva del individuo y buscar su rehabilitación son necesarias porque:
a. El interés general se ve afectado. El consumidor o el adicto, que han decidido intoxicar su propio organismo, se encuentran en estados en los que gradualmente se ven anulados su conciencia y su dominio propio, y la comunidad en general corre el riesgo de ver proyectada sobre sí misma los negativos efectos de esta perturbación mental que causa la sustancia en el consumidor o adicto.
El ICBF señala que en el mes de Mayo de 2008, en una muestra de 18 instituciones que atienden adolescentes en conflicto con la ley, se encontró que el 78% de los adolescentes reportados han consumido algún tipo de sustancia legal o ilegal.
b. La preservación de la familia está en riesgo. El consumo de drogas está relacionado con el incremento de la violencia intrafamiliar, se pierden los sentidos de responsabilidad y de juicio y elimina los valores. Consideramos que es una contradicción invocar los derechos individuales en desmedro de la concepción institucional de familia.
Para el miraísmo la Familia es el fundamento de la sociedad. La Constitución Política, reconoce y ampara a la familia como la institución básica de la sociedad, pero este amparo se diluye entre otras, por causa de los efectos negativos que produce el consumo de drogas por parte de cualquiera de sus miembros.
El Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Colombia de Febrero de 2009 por el Ministerio de la protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes señala que el consumo de droga ilícita en el último año es muy superior entre la población de 12 a 34 años.
c. El Estado actúa frente a la conducta individual para beneficio
El Estado dentro de la ponderación citada con anterioridad entra a regular la conducta social de la persona individual dentro de la que se mueve el consumidor de la dosis mínima, y los derechos de la comunidad, bajo el entendido de que no se trata tan sólo de una mera libertad individual sino de una libertad que puede afectar la expresión colectiva de sus asociados, razón por la que en una preocupación legítima, las medidas que se consagran tienen una clara concepción de beneficiar tanto a la sociedad como al individuo afectado por la adicción al consumo.
No obstante, pensamos que el papel del Estado debe ir mucho más allá de la prevención del consumo. El papel del estado debe apuntar a la implementación de centros no sólo de prevención sino de verdadera rehabilitación que le brinden al individuo beneficios en el tratamiento tanto dentro del ámbito de la salud como en lo social, ya que si no se contempla la posibilidad real de implementar estos centros que integren estas políticas, equivaldría a que la recuperación del individuo sea dudosa, y este actuar benéfico del Estado se quede corto frente a la realidad que enfrenta en materia del consumo de sustancias.
2. Dosis mínima contradice políticas antidrogas del Gobierno y del Estado
La despenalización de la dosis mínima favorece la disponibilidad de las sustancias ilegales y esto contribuye a incrementar e incentivar el consumo y por tanto su producción, tráfico y comercialización.
Todavía no entendemos cuál es la base técnica, estadística o científica que sustente que la tolerancia con el consumo de la dosis personal, no incrementará las otras partes de la cadena. Por el contrario, cuando se despenalizan algunas conductas, en la práctica se va caminando hacia una liberalización o permisión total.
Es cierto que la drogadicción es un problema médico porque conlleva generalmente a la adicción, trastornos y enfermedades. Pero también es cierto que es un problema de orden público, porque i) está ligado al tráfico y a la comercialización de sustancias prohibidas y ii) porque el adicto no está solo en este mundo, sino que hace parte de un entorno público comunitario.
3. Propuestas
a. Desde nuestro punto de vista existe un vacío jurídico en la iniciativa frente a la sanción que debe derivarse de la prohibición al consumo. Por ello planteamos la conveniencia de retomar la propuesta inicialmente planteada en el proyecto sobre la responsabilidad que asumiría el Estado de implementar la creación y el funcionamiento de centros especializados en prevención y rehabilitación como medida de tratamiento para personas adictas, porque consideramos que la iniciativa esta planteando un concepto de Justicia Restaurativa que el Estado debería asumiría no solamente para con la sociedad, sino para con el individuo como tal.
b. Ya que el Estado esta asumiendo la responsabilidad de velar no sólo por el adicto sino también por su familia, consideramos que esta propuesta no se debe quedar tan sólo en el fortalecimiento en valores y principios sino que el esfuerzo debe ir más allá, y se debe garantizar el tratamiento de la persona adicta dentro de las situaciones que requieren atención obligatoria en salud.
Muchas gracias Gloria Stella Díaz
Movimiento Político MIRA
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Última actualización el Sábado, 23 de Enero de 2010 09:11 |
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